Ante la Cumbre a realizarse en Bruselas entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Jornada Continental por la Democracia contra el neoliberalismo, articulación de movimientos y organizaciones sociales, sindicales, campesinas, ambientalistas, feministas, de derechos humanos y por la soberanía, saluda la posibilidad de interlocución para avanzar en propuestas que favorezcan a los pueblos de América Latina y el Caribe.
Consideramos que en el marco de la Cumbre deben tenerse en cuenta principios orientadores para garantizar la defensa de la democracia y la equidad interregional, dichos principios deben enmarcarse en la cooperación reparadora del colonialismo y respetuosa de la autodeterminación de los pueblos, la finalización de los bloqueos y medidas coercitivas unilaterales, la defensa del multilateralismo y la defensa de América Latina y el Caribe como territorio de paz. Ratificamos nuestra condena al ilegal y criminal bloqueo a Cuba por parte del gobierno de los EE. UU. y exigimos a la Cumbre UE-CELAC demandar el retiro inmediato de Cuba de la unilateral y arbitraria lista de países promotores del terrorismo por parte de la administración estadounidense, por cuanto representa una elevación extrema de los efectos dañinos del bloqueo sobre el conjunto de la población.
Demandamos que la UE y los países del Core Group cesen en su política de injerencia y ocupación del territorio haitiano y que sea el pueblo haitiano y sus organizaciones sociales y políticas, quienes definan soberanamente su presente y su futuro.
En este escenario de interlocución se debe avanzar en el reconocimiento y reparación de las deudas históricas de Europa con América Latina y el Caribe, acumuladas frente a las cuestiones ambiental, social y económica. Ese reconocimiento y los caminos de reparación son base sine qua non hacia la promoción conjunta de una solución a la crisis de la deuda y la construcción de una arquitectura financiera internacional justa y equitativa.
Es inobjetable la necesidad de promover una verdadera integración de los pueblos de América Latina y el Caribe con los pueblos de Europa que tenga en cuenta las responsabilidades históricas y presentes marcadas por las crisis globales y, por eso, debe incluir trato especial y diferenciado para los pueblos de nuestra región.
Rechazamos categóricamente los Tratados de Libre Comercio y de Protección de Inversiones (disfrazados como Acuerdos de Asociación u otras denominaciones menos impopulares) como paradigma y eje de la integración y las relaciones entre ambas regiones, porque apuntan a reducir el rol del Estado como garante del bien común y a dar privilegios y poder extraordinarios (económicos y políticos) a las empresas transnacionales y las inversiones extranjeras.
Abogamos por la auditoría/revisión/renegociación o cancelación de los Tratados Bilaterales de Protección y Promoción de Inversiones (TBI), y la eliminación del sistema de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés). Las controversias, principalmente cuando incorporen o puedan incorporar violaciones a los derechos humanos, se deben dirimir en tribunales regulares nacionales donde tengan primacía los derechos humanos, no en el sistema de justicia privada proempresarial que representa el régimen ISDS. Abogamos por la renuncia de nuestros países al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
Además de los aspectos señalados, consideramos que la Cumbre debe analizar un marco normativo internacional y marcos normativos nacionales que terminen con la impunidad de las Empresas Transnacionales (ETN) y amplíen el acceso a la justicia para las/os afectadas/os por sus acciones, superando la voluntariedad (directrices de la OCDE, Pacto Global, Principios Rectores), la responsabilidad social empresarial, la conducta empresarial responsable y los estrechos e insuficientes marcos de debida diligencia. Las ETN deben ser responsabilizadas por las violaciones de derechos humanos y ambientales a lo largo de las cadenas de producción que controlan y de las que extraen las mayores ganancias; las ETN también deben ser responsabilizadas por las crisis globales interconectadas que afectan a los pueblos y al planeta. Instamos a los gobiernos de la UE y la CELAC a aprobar la propuesta por un Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, manteniendo los aspectos que han sido planteados por las organizaciones de la sociedad civil.
Un aspecto prioritario en el contexto actual es el rechazo de los pueblos de América Latina y Europa a los términos de la actualización de los TLC de la UE con México y Chile, y del “Acuerdo en Principio” alcanzado en 2019 entre la UE y Mercosur. Rechazamos categóricamente el Protocolo Adicional o instrumento interpretativo neocolonial que pretende imponer bilateralmetne la UE para la firma y ratificación final del TLC UE-Mercosur. Es inaceptable la intención de dirimir asuntos ambientales y/o de derechos humanos a través del sistema de solución de controversias del TLC UE-Mercosur, ampliando las potestades jurídicas de lo que debería limitarse a un acuerdo comercial. Abogamos porque los asuntos ambientales y de derechos humanos se resuelvan en los foros multilaterales pertinentes, dotándolos de los mecanismos de exigibilidad y aplicación que requieren frente a los problemas de su ámbito de acción, estableciendo las responsabilidades diferenciadas e imponiendo sanciones ejemplares.
Los pueblos latinoamericanos y del Caribe rechazamos la inclusión o ampliación del alcance de algunos capítulos en los TLC de última generación (como a los que hemos hecho referencia), impuestos por la UE, que van mucho más allá de lo estrictamente comercial y amplían el poder y ámbito de influencia de las ETN en la definición de políticas públicas ajustándolas a sus necesidades y a la maximización de sus ganancias en las cadenas de producción. Algunos de ellos son: Contratación pública (compras gubernamentales), Propiedad Intelectual, Transparencia (y Coherencia regulatoria), Reglamentación Nacional, Empresas del Estado, Servicios Públicos, Inversiones.
La historia de las relaciones entra las dos regiones está atravesada por flujos migratorios en las dos direcciones, las personas migrantes son eje central del desarrollo económico, social, cultural y político de nuestras regiones. Demandamos que su contribución sea reconocida, así como los derechos de las personas migrantes a migrar y no migrar, que cese la criminalización y discriminación de migrantes de América Latina en la UE, garantizando condiciones dignas de vida y trabajo.
Finalmente, abogamos por un replanteamiento radical de las relaciones gubernamentales y entre los pueblos de América Latina y el Caribe y Europa, basado en la cooperación, solidaridad, igualdad, democracia y sustentabilidad para “garantizar una buena vida para todos” en lugar de “asegurar beneficios para unos pocos”
